SEMANA 7: 24 AL 28 DE AGOSTO: SEMANA TOLEDISTA

SEMANA 7: 24 AL 28 DE AGOSTO: SEMANA TOLEDISTA 

EN ESTA SEMANA SE DESARROLLÓ LA SEMANA TOLEDISTA

GUÍA ESTUDIANTES A-SINCRÓNICOS SEMANA TOLEDISTA

SEMANA 5 Y 6: 10 AL 21 DE AGOSTO

SEMANA 5 Y 6: 10 AL 21 DE AGOSTO 

El Plan Colombia. 

8 DE MAYO DE 2017

¿Fracasó el Plan Colombia?

Por: Carlos Andrés Villegas, Wendy Veloza y Julián Andrés Salazar

El Plan Colombia es aquel programa que surge entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia, cuyo objetivo es eliminar el cultivo de plantas ilícitas en el país y, por lo tanto, el narcotráfico proveniente de Colombia. Este programa se fomenta entre 1998 y 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana, que empieza a cooperar con el ese entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton. Desde ese entonces, el país norteamericano ha efectuado numerosas inversiones en el estado de modo que, en un periodo, la intervención de los EE.UU. logró tener éxito; sin embargo, en los últimos años con el proceso de paz, y el cese al fuego bilateral de por medio, los índices de los cultivos de Coca empezaron a subir exponencialmente. Por ejemplo, en el año 2001 se registraron 145000 hectáreas dentro del país; en el 2006, 78000; entre el 2012 y 2013, 48000, y en el 2016, 188000.

Por lo tanto, la coyuntura surge en el hecho que las hectáreas de cultivos hayan subido en los últimos tiempos aún más que los que se encontraban presentes en el 2001, año en el que se estrena el Plan Colombia. La discusión del problema se centra, principalmente, en si realmente conviene la prevalencia del uso del glifosato y el cómo ha afectado el cese al fuego bilateral el aumento de cultivos ilícitos. Los medios de comunicación colombianos, por su parte, exponen de manera sucinta las opiniones de diversos analistas, que reflexionan frente al por qué las hectáreas de los cultivos ilícitos han subido. A su vez, se plantea de manera breve la evolución que el Plan Colombia ha tenido sobre la cantidad de siembra de cultivos ilícitos y, en este orden de ideas, se analiza si ha servido o no tanto esfuerzo realizado entre la cooperación bilateral entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia.

Lo que se expone en los medios nacionales

La revista Semana ha sido un puente entre la opinión de varios analistas y el lector, de modo que en uno de sus artículos se muestra brevemente las posturas de estos frente al Plan Colombia. Entre los analistas que se presentan están: Antonio Caballero, escritor y columnista; Bonnie Kapler, exfiscal antimafia de Nueva York; Barrey McCafrey, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas entre 1996-2001… Entre ellos, se encuentra a Horacio Serpa, jefe del Partido Liberal, el cual pronuncia su escepticismo frente al Plan Colombia, pues, como otros analistas, consideran que el programa debió acabar con el narcotráfico y no la guerrilla y, según varios de ellos, se ha acabado la guerrilla y no el narcotráfico. Por otra parte, la revista exhibe el optimismo del presidente Colombiano con el Plan, pues considera que las inversiones de EE.UU. han sido una fuente que le ha traído progreso al estado Colombiano.

Por su parte, El Tiempo  muestra el progreso que ha tenido el proyecto, aún desde sus inicios cuando Colombia se consideró un estado fallido. Aquí también se muestra, al igual que en Semana, las declaraciones de Barrey McCafrey, solo que esta vez se resalta su descontento, al igual que Washington, pues considera inaudito que aun después de las grandes inversiones que realizó EE.UU. el país siga presentando numerosas cantidades de hectáreas de cultivos de coca, inclusive más que en el 2001.

Las noticias del Canal Uno, por su lado, han mostrado el cómo se han debatido las causas del aumento de los cultivos, pues el ex-procurador Ordóñez lanzó duras críticas en contra del gobierno de Santos por suspender las fumigaciones; el ex-ministro de justicia, Yesid Reyes, por su parte, afirmó que no se debía a eso, sino más bien al aumento del precio de la coca, lo que ha incentivado a una mayor siembra por parte de los cultivadores.

Además de esto, se ha presentado el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, y las FARC, aseverando que el gobierno de  los Estados Unidos debería ayudar a Colombia en el proceso del posconflicto; es decir, a financiar las reparaciones de los daños causados por la guerra, pues los EE.UU, según ellos, han ayudado a incrementar la guerra con el plan Colombia y por lo tanto, a empeorar la situación en el país.

El Canal Uno, como referencia, exhibió la opinión de Adam Isacson, especialista en el tema, pues, al igual que Barrey McCafrey, considera que el Plan Colombia fracasó por no poner fin al narcotráfico y a la violencia que está alrededor de éste. Canal Caracol, por su parte, ha destacado a priori el lado negativo que ha dejado el Plan Colombia: en su programa Séptimo día se exhibe a las mujeres embarazadas que fueron abandonadas por militares estadounidenses. Cabe resaltar, que el canal también se ha tomado la tarea de mostrar la perspectiva estadounidense. Para ello, muestran cómo John Kerry, político de los Estados Unidos, destacó el programa, y lo recomienda como un modelo a seguir para aplicarlo en Centroamérica.

Se debe agregar también que el Canal RCN ha estado al tanto de la polémica en el país norteamericano:Donald Trump, junto a su mesa, se propone estudiar el programa y los detalles que este trae consigo, además de analizar el cómo el Proceso de Paz ha afectado la severidad del programa. A través de este canal, también se pronuncia el expresidente y senador Álvaro Uribe, el cual considera que, en el transcurso de los Diáogos de Paz en La Habana, los recursos fueron desaprovechados; según él, la fuente de este problema es la mala administración del actual presidente, pues a pesar de las grandes ayudas económicas por parte de Estados Unidos, la flexibilidad de Santos con las FARC ha sido causa de los aumentos de los cultivos de coca.

Hay que mencionar, además,  al periódico El Espectador, el cual hizo un juicioso seguimiento al optimismo que se tenía durante la administración del expresidente Barack Obama, y cómo este optimismo se fue decayendo a través de la transición de su administración a la de Donald Trump: después de evidenciarse en cifras el aumento de terreno de cultivos ilícitos, el congreso norteamericano propuso recortar la ayuda financiera a la República de Colombia –la evolución del presupuesto entre la administración Obama y la administración Trump es significativa-.

Por último, se debe tener en cuenta a Colombia Reports, medio nacional de habla inglesa. En este, se hace énfasis en que las cifras de cultivos de coca, y la cocaína como tal, aumentaron en un 38% y un 32%, respectivamente, del año 2001. Se toma en cuenta que el objetivo inicial era reducir en un 50% hacia los próximos seis años, después del inicio del programa, el tráfico de alucinógenos; sin embargo, las cifras quedaron más altas aun después de los 10000 millones de dólares invertidos. Adam Isacson, (Director del programa de Política de Seguridad Regional de la Oficina de Washington para América Latina), considera que la clave para lograr reducir las hectáreas es fomentar la presencia del estado en las zonas donde se están entregando las armas de las FARC, pues es en estas precisamente donde se han concentrado los aumentos de las cosechas ilegales.

(Rescatado de: https://librepensador.uexternado.edu.co/fracaso-el-plan-colombia/ el día 26 de Julio de 2020). 

SEMANA 3 Y 4: 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO

SEMANA 3 Y 4: 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO

EL GOBIERNO URIBE. 

 ¿Quién era Álvaro Uribe antes de ganar la presidencia? 

Antes de ser presidente Álvaro Uribe contaba con una larga carrera como funcionario del Estado que empezó desde muy joven. 

El punto de partida de su larga carrera política —y que al parecer no está dispuesto a terminar a pesar de las duras pero bien articuladas críticas y evidencias contundentes por los delitos presuntos, hasta que un tribunal con pruebas legalmente obtenidas lo venza en un juicio imparcial y con garantías, cosa improbable en este momento en Colombia por la delgada línea que divide la esfera del poder político la del poder judicial— fue como director de la Aeronáutica Civil entre 1980-82, un cargo que utilizó, según testigos ampliamente conocidos como Margarita Vidal y otros que hoy están muertos como el coronel coronel  Jaime Ramírez Gómez, además de ser señalado de conceder licencias de vuelo a Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, de las cuales unas 200 quedaron en manos de dicho cartel, según la investigación para obtener maestría publicada por la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en el 2012.

Fue también alcalde de Medellín (1982), cargo al que tuvo que renunciar a los pocos meses por pedido del presidente Belisario Betancur al gobernador de ese entonces, Álvaro Villegas, ante denuncias de nexos con el Cartel de Medellín.  

Posteriormente fue elegido Senador de la República entre 1986 y 1994, desde donde impulsó la reforma a la Seguridad Social (Ley 100 de 1993) que modificó sustancialmente el Sistema Nacional de Salud, mercantilizando un derecho fundamental como la salud, entregándola a empresas intermediarias como las EPS (empresas promotoras de salud) y ARS (aseguradoras del régimen subsidiado) que han quebrado el sistema de salud ocasionando una grave crisis que sigue sin solución.  

Como senador fue ponente de la reforma laboral (Ley 50 de 1990) que arrebató derechos de los trabajadores como la estabilidad laboral, las horas extras, suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, abrió las puertas a la tercerización laboral. En pocas palabras, impulsó reformas en el Congreso en favor de la patronal y el gran capital transnacional; al tiempo que pauperizó los salarios de los trabajadores que vieron desaparecer como por arte de magia sus derechos y conquistas laborales.

La gobernación fue el siguiente peldaño en la larga y esquiva escalera hacia el máximo cetro de poder político. Como gobernador electo de Antioquia (1995-1997) apoyó e impulsó las Convivir, primeras organizaciones armadas de civiles reconocidas por el Estado y creadas en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) a través del Decreto-Ley 356 de 1994. 

Hay que tener presente que desde sus primeros pasos como funcionario público y representante de un grupo particular de políticos corruptos, criminales, empresarios, terratenientes y la nueva clase mafiosa, traqueta y paraca emergente, empezó a construir su premisa principal: combatir el comunismo disfrazándolo de terrorismo. 

Así mismo, hay que reconocer en Álvaro Uribe una sed de venganza bien disimulada y sinuosamente practicada desde el asesinato de su padre Alberto Uribe Sierra en 1983, un tema que debiera ser seriamente investigado y tratado para determinar con claridad sus autores, causas y consecuencias.

Venganza dirigida principal pero no únicamente, contra las Farc, como si quisiera cobrarle a la oposición política dicho asesinato. Actitud personal que se puede trazar como un rasgo distintivo, unas veces más visible que otras, durante el ejercicio del poder como alto funcionario del Estado. 

De ahí que su principal propósito fuera la conquista del máximo escalafón dentro de la jerarquía del Estado, desde donde consolidó su visión estratégica y política, a través de alianzas con diferentes fuerzas políticas, principalmente de extrema derecha, conservadores y liberales representantes del decadente bipartidismo, sectores económicos como los gremios, grandes empresarios, el mando militar, Estados Unidos, los principales medios de comunicación, las iglesias de todas las pelambres.

Además, cuando llegó a la presidencia Uribe (2002-2010) contaba socialmente con el desgaste y cansancio en amplios sectores de la sociedad que había causado el largo conflicto armado, como la clase media que se sentía confundida y sin horizonte e ideológicamente ambivalente; con las capas de la población más pobre y excluida de cualquier beneficio del Estado social de derecho, que empezaron a amar al opresor y a odiar a quienes de tiempo atrás venían luchando y ejerciendo la oposición a la opresión y explotación históricas, a quienes ya habían puesto una alta cuota de de muertos causada por la represión de las clases que detentan el poder desde la época republicana. 

Fue bajo un ambiente de estas características, como presidente, que pudo imponer su estrategia anticomunista o contrainsurgente.

A partir de allí es donde entra a jugar un papel determinante el Plan Colombia, ya que en un ambiente donde se afirmaba que éramos un país inviable, donde no gobernaba sino el caos y el conflicto interno, donde no existía el orden, ni las instituciones funcionaban como era debido, era al mismo tiempo el ambiente propicio para construir la visión de que en Colombia no había en absoluto un conflicto armado ni interno, sino una banda de terroristas que estaban haciéndole daño a la sociedad y a su pueblo. 

En esta tesis hay, por supuesto, una lógica perversa. Porque, de un lado, reconocer o aceptar como lo hizo Juan Manuel Santos una vez llegó a la presidencia en el 2010, que Colombia atraviesa una larga y profunda crisis de naturaleza diversa y dimensión histórica, de la cual el conflicto armado es una de las principales expresiones de una crisis social, política y militar; situación que se refleja en la ilegitimidad a que han llegado las instituciones, en el trastocamiento de los valores democráticos y en la ingobernabilidad; y por el otro, el desgaste y cansancio colectivo cada vez más visible en la sociedad en su conjunto, sería reconocer y legitimar, al mismo tiempo, a las guerrillas que para Alvaro Uribe no han sido más que una banda de “terroristas” que le están haciendo la guerra a Colombia, a sus ciudadanos y a la democracia.

Pues para la extrema derecha, renovada y envalentonada a partir del discurso revisionista y negacionista de Álvaro Uribe, lo que ha sucedido en Colombia durante décadas es la prueba de que la guerrilla no tenía legitimidad ni derecho histórico para alzarse en armas y ejercer la rebelión armada contra el Estado. 

Tesis que sustentó y defendió el uribismo desde que empezó su escalamiento al poder, en medio de una realidad y una sociedad donde el Estado, por el contrario, viene haciendo uso sistemático del terrorismo de Estado y la eliminación del opositor político, como lo han argumentado investigaciones, estudios y observadores muy serios sobre el conflicto armado, sus causas, orígenes y principales actores.   

A nadie le cabe duda que el mensaje extremista y guerrerista de Uribe logró unir la mayoría del país contra las guerrillas, polarizando la sociedad a un nivel nunca antes visto en la historia reciente, con la excepción de la época de La Violencia que desató el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. 

Ese discurso gangsteril pero pegajoso y oportuno para el momento que vivía el país, logró construir el consenso y la alianza mayoritaria mencionada arriba, agrupándola en una especie de frente clasista de derecha, y desde ella lanzar su campaña bélica contra el enemigo “terrorista”, que como se ha dicho abarcaba a la oposición también. 

Durante su gobierno se produjeron más asesinatos de civiles por las FF. AA. y organismos de seguridad aliados con el paramilitarismo, que en ningún otro, presentando dichos asesinatos como integrantes de la guerrilla, en lo que se conoce como falsos positivos o muertes fuera de combate. Se calcula, según un estudio reciente, que pueden haber sido más de diez mil los asesinatos.   

Los dos períodos de su gobierno, es mejor repetirlo, incrementaron más que ningún otro en la historia reciente de Colombia el asesinato de líderes políticos de oposición y de izquierda, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, líderes afros e indígenas  sin contar los miles que hizo encarcelar desde que lanzó su programa de la red de informantes pagos en el país, Latinoamérica y Europa a través de sus embajadas. 

No tiene discusión que asumió el poder en un momento en que Colombia no era un país viable para muchas agencias, organismos e instituciones internacionales; que llevó a que se discutiera si era un país fallido, donde la guerra que hicieron las guerrillas destruyendo pueblos y la infraestructura económica, profundizó la crisis social, política y económica aún más como se ha afirmado. 

Ahora bien, Uribe es el expresidente que más expedientes y acusaciones judiciales tiene ante los máximos tribunales de justicia. Según el portal Kien y Ke, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cursan 261 procesos en su contra.

Muchos de los testigos que lo señalaban de haber apoyado e impulsado grupos paramilitares han sido asesinados; son bien conocidos los altos funcionarios que trabajaron en su gobierno que están o han estado en la cárcel por delitos graves; el caso del DAS y sus directores acusados de perseguir, chuzar las llamadas e incluso dar la orden de asesinar opositores ha sido uno de los más conocidos; aparte de los escándalos de altos funcionarios incluido ministros condenados por corrupción como Andrés Felipe Arias, por el caso Agro Ingreso Seguro; o como el fraude y cohecho para la reelección que llevó a la cárcel a varios de sus ministros en el conocido escándalo de la Yidis Política.  

Sobre los acuerdos de “paz” que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC) entre el 2003, tras el Acuerdo de Santa Fe de Ralito,  y el 2008, en que fueron extraditados los principales jefes paramilitares, varios de éstos (Mancuso y Don Berna),  lo han acusado de haberlos enviado a las cárceles de Estados Unidos llevando los crímenes de lesa humanidad a un nivel de impunidad nunca antes conocido, para que no contaran lo que había detrás de la estrategia paramilitar y las horrendas masacres que cometieron en todo el país.

Estrategia de la muerte que contó con el apoyo, acompañamiento y asesoría de militares extranjeros, el ejército nacional, la policía y las agencias de inteligencia, en una espantosa cruzada anticomunista que pasaba por sacar a la fuerza, lo que se conoce como desplazamiento forzado, a millones de familias campesinas que tuvieron que dejar sus casas, pertenencias y parcelas de tierra que pasaron a engrosar la de los grandes terratenientes y nuevos ricos que se hicieron a millones de hectáreas de tierra a punta de masacres, motosierras y terror. 

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas dio la orden a su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, de bombardear un campamento de las Farc en Ecuador violando la soberanía del vecino país, en el 2008, donde murió Raúl Reyes, uno de los máximos comandantes de esta guerrilla.  

El de Álvaro Uribe nunca fue un gobierno para la paz sino para la guerra, que adornó con sus famosos y pintorescos tres huevitos: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, que no fueron más que parte de los componentes espurios de una estrategia de guerra que costó la vida de miles de colombianos; haciéndole creer a más de medio país, no está por demás recordarlo, que de lo que se trataba era de poder viajar por carretera a la finca, una vez estas fueron despejadas de “terroristas”. 

Desde que llegó a la presidencia en el 2002 con el 53% de los votos, su influencia en la vida política, la economía y la nación no ha parado, aunque hoy es evidente su desgaste. Y es en medio de ese desgaste, pues no hay estrategia eterna como tampoco presidente que lo sea, que ha sido llamado por la Corte Suprema de Justicia para que enfrente las acusaciones y las pruebas que tiene el alto tribunal de una parte de los delitos que ha cometido. 

Algunos pocos fanáticos entre sus seguidores han dicho que si es encarcelado su “eterno presidente”, el “intocable”, habrá guerra civil. Ciegos ante la que llevamos por más de 60 años, nunca declarada y a cuentagotas, y aún así ha dejado una insuperable montaña de muertos. ¿Cuál será que los demás no vemos? ¡Ilumínalos, señor!

(Rescatado de: https://www.las2orillas.co/el-gobierno-de-alvaro-uribe-nunca-fue-para-la-paz-sino-para-la-guerra/ el día 26 de Julio de 2020) 

PERIODO III: SEMANAS 1 Y 2: 14 AL 24 DE JUNIO

SEMANAS 1 Y 2: 14 AL 24 DE JUNIO 

TERCER PERIODO. 

¿UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA?

HILO CONDUCTOR.

¿Cuál es la importancia de los diálogos de paz en la construcción social? 

TÓPICO GENERATIVO. 

¿UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA?

META ESPECÍFICA. 

El estudiante comprenderá la importancia de los diálogos de paz para construir una mejor sociedad. 

DESEMPEÑOS. 

1. El estudiante identifica el proceso histórico que dio origen a los diálogos de paz.

 2. El estudiante comprende el periodo actual de la violencia en Colombia y las figuras que participan en él.

 3. El estudiante asume una postura crítica frente a los procesos históricos de violencia y paz que atraviesan a la sociedad colombiana. 

TÓPICOS ESPECÍFICOS. 

         Diálogos de paz a lo largo de la Historia.

         El gobierno Uribe

      El Plan Colombia

Paz y seguridad

Entremos en materia...!

PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA. 

Da clic sobre el texto para acceder al enlace contenido en el mismo. 

COMPROMISO: 

Semanas 1 y 2: 14 al 24 de Julio. 

Entregable 1: Taller diagnóstico, Infografía diálogos de paz: Realiza una infografía de los diálogos de paz resaltando su importancia en la construcción de una mejor sociedad. 

SEMANA 9 Y 10: 08 AL 19 DE JUNIO

SEMANA 9 Y 10: 08 AL 19 DE JUNIO

EL PREDOMINIO DE LA POBREZA COMO DIAGNÓSTICO: ¿DIAGNÓSTICOS POBRES?

 En América Latina la cuestión social se comprende a partir del proceso de profundización de la desigualdad que tiene sus orígenes en la historicidad de la pobreza estructural —las desventajas se heredan y perpetúan intergeneracionalmente—, su concentración espacial —conformación de espacios diferenciados de sociabilidad— y la consolidación de diferentes estatus de ciudadanía (Saraví, 2006). El trabajo Inequality in Latin America: Breaking with History?, publicado por De Ferranti et al. (2004) para bm, argumenta que las instituciones excluyentes que se establecieron durante la conquista europea para explotar la riqueza mineral y natural existente y, a las poblaciones indígenas, conformaron un acceso altamente desigual a tierras, educación y poder político, al menos hasta finales del siglo xix, y tuvieron consecuencias adversas para el crecimiento económico y la desigualdad. En la misma línea, cepal sostiene que persiste un reclamo histórico y postergado en las sociedades latinoamericanas que “recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Recorre una modernización hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo” (cepal, 2010, p. 13). En la actualidad, la sedimentación de aquel proceso se manifiesta en la multiplicación de brechas entre grupos sociales a partir de la heterogeneización de las oportunidades productivas de la sociedad y de la segmentación del acceso a la protección social. Así planteada, la genealogía del problema de la desigualdad vuelve la atención sobre procesos ocurridos hace cientos de años y pone el peso explicativo de la estructura social actual en el periodo colonial. El inconveniente con este tipo de desplazamientos temporales es que puede ocultar las implicancias que han tenido los procesos de corto plazo en la consolidación de una estructura social empobrecida y desigual e, incluso en el aumento de las brechas de desigualdad. Se hace referencia sin dudas a las políticas asistenciales basadas en el criterio de pobreza construido por los propios organismos internacionales durante las décadas del setenta y ochenta, que impactaron directamente en la forma en que se configuró, a nivel nacional, la cuestión social. La definición de pobreza presentó la cuestión social como asunto de política social y, no de política económica, lo que generó una nueva institucionalización de lo social: el Estado debía intervenir de modo específico sobre quienes no podían integrarse por sus propios medios al mercado de trabajo. Además, constituyó una definición de carácter absoluto que puso el énfasis en las condiciones de vida de gran parte de la población, a partir de la construcción de las medidas de Línea de Pobreza (lp) y de Necesidades Básicas (nbi), dejando por fuera la discusión en torno a las relaciones de poder y los conflictos en las que los grupos se insertan. Al desconocer que la distribución de recursos es un juego de suma cero, impidió abordar el dinamismo del proceso de construcción de las situaciones de asimetría que configuran desigualdades.

1.    

En el párrafo inicial la autora afirma: “En América Latina la cuestión social se comprende a partir del proceso de profundización de la desigualdad que tiene sus orígenes en la historicidad de la pobreza estructural —las desventajas se heredan y perpetúan intergeneracionalmente—, su concentración espacial —conformación de espacios diferenciados de sociabilidad— y la consolidación de diferentes estatus de ciudadanía”, esto hace referencia a:

a)    la sociedad latinoamericana está en desventaja con otras sociedades que han atravesado los mismos procesos históricos, como las sociedades del sudeste asiático por ejemplo.  

b)    la sociedad latinoamericana es indiferente a sus procesos históricos y sociales, lo que la hace más propensa a la desigualdad y la pobreza estructural.

c)    la sociedad latinoamericana no tiene conciencia de los procesos por los que ha atravesado, por este motivo recrea la desigualdad una y otra la pobreza en sus diferentes generaciones.

d)    la sociedad latinoamericana se puede entender, en su dimensión social, a partir de las dinámicas de pobreza que parecen heredarse de una generación a otra.

2.    El reclamo histórico y postergado en las sociedades latinoamericanas y que hace referencia a la discriminación étnica y de género se podría evidenciar en la siguientes situaciones:

a)    la proliferación de la violencia estructural que recorre varios países del continente y que se ha perpetuado hasta nuestros días.

b)    los cinturones de pobreza extrema que hacen parte de la geografía social de las grandes ciudades del continente.

c)    los esfuerzos por superar los círculos de miseria que han emprendido muchos gobiernos a largo y ancho de este territorio.

d)    a y b son correctas.

3.    En el párrafo: “En la actualidad, la sedimentación de aquel proceso se manifiesta en la multiplicación de brechas entre grupos sociales a partir de la heterogeneización de las oportunidades productivas de la sociedad y de la segmentación del acceso a la protección social”, podríamos decir que la palabra resaltada en negrilla está indicando que:

a)    las distintas oportunidades productivas (que incluyen el llamado trabajo informal), no garantizan la superación de la desigualdad, pues lo que provocan es la multiplicación de brechas sociales.

b)    las distintas oportunidades productivas (que incluyen el llamado trabajo informal), garantizan la superación de la desigualdad, pues lo que provocan es la multiplicación de brechas sociales.

c)    las distintas oportunidades productivas (que incluyen el llamado trabajo informal) deben convertirse en políticas públicas que reconozcan el trabajo informal como forma de trabajo importante para la economía.

d)    a y c son correctas.

4.    Según lo planteado en el texto sobre el problema del origen (genealogía) de la desigualdad, cuando se apela a un discurso sobre la misma que pone su centro en los procesos históricos, como en la época colonial, se corre el peligro de enfocar el problema de la desigualdad en acontecimientos atemporales (históricos). Un planteamiento como este crea inconvenientes como:

a)    el olvidar que América latina es un continente pobre, puesto que nunca ha sido capaz de producir tecnologías que tengan relevancia en el ámbito mundial.

b)    el olvidar que ha habido procesos recientes que favorecen el afianzamiento de la pobreza y la desigualdad.

c)    el olvidar que el pobre se va haciendo pobre en cada decisión que toma al margen del discurso económico.

d)    el olvidar que los gobiernos han hecho esfuerzo muy grande para superar la historia de desigualdad que ha afectado por tanto tiempo al continente.

5.    De acuerdo al planteamiento que se hace en el texto, podríamos decir que la autora entiende la desigualdad como:

a)    un proceso estructural que está anclado al egoísmo de las élites que se formaron en el siglo XX con la llegada de nuevas tecnologías que posibilitaron la ampliación de la producción y el crecimiento económico.  

b)    un proceso ajeno a todo el desarrollo histórico de América Latina que no ha sido manejado de la manera adecuada por los diferentes gobiernos del continente.

c)    un proceso estructural que está anclado al devenir histórico de América Latina, pero también a dinámicas de corto plazo que han ayudado a mantener una estructura de empobrecimiento y miseria en el continente.

d)    Un proceso histórico que tienen sus raíces en las diferentes dictaduras que han azotado al continente, provocando muerte y hambre sobre todo en las grandes ciudades.

SEMANA 7 Y 8: DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO

SEMANA 7 Y 8: 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 

TALLER PRE-BIMESTRAL. 

EL PREDOMINIO DE LA POBREZA COMO DIAGNÓSTICO: ¿DIAGNÓSTICOS POBRES?

 En América Latina la cuestión social se comprende a partir del proceso de profundización de la desigualdad que tiene sus orígenes en la historicidad de la pobreza estructural —las desventajas se heredan y perpetúan intergeneracionalmente—, su concentración espacial —conformación de espacios diferenciados de sociabilidad— y la consolidación de diferentes estatus de ciudadanía (Saraví, 2006). El trabajo Inequality in Latin America: Breaking with History?, publicado por De Ferranti et al. (2004) para bm, argumenta que las instituciones excluyentes que se establecieron durante la conquista europea para explotar la riqueza mineral y natural existente y, a las poblaciones indígenas, conformaron un acceso altamente desigual a tierras, educación y poder político, al menos hasta finales del siglo xix, y tuvieron consecuencias adversas para el crecimiento económico y la desigualdad. En la misma línea, cepal sostiene que persiste un reclamo histórico y postergado en las sociedades latinoamericanas que “recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Recorre una modernización hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo” (cepal, 2010, p. 13). En la actualidad, la sedimentación de aquel proceso se manifiesta en la multiplicación de brechas entre grupos sociales a partir de la heterogeneización de las oportunidades productivas de la sociedad y de la segmentación del acceso a la protección social. Así planteada, la genealogía del problema de la desigualdad vuelve la atención sobre procesos ocurridos hace cientos de años y pone el peso explicativo de la estructura social actual en el periodo colonial. El inconveniente con este tipo de desplazamientos temporales es que puede ocultar las implicancias que han tenido los procesos de corto plazo en la consolidación de una estructura social empobrecida y desigual e, incluso en el aumento de las brechas de desigualdad. Se hace referencia sin dudas a las políticas asistenciales basadas en el criterio de pobreza construido por los propios organismos internacionales durante las décadas del setenta y ochenta, que impactaron directamente en la forma en que se configuró, a nivel nacional, la cuestión social. La definición de pobreza presentó la cuestión social como asunto de política social y, no de política económica, lo que generó una nueva institucionalización de lo social: el Estado debía intervenir de modo específico sobre quienes no podían integrarse por sus propios medios al mercado de trabajo. Además, constituyó una definición de carácter absoluto que puso el énfasis en las condiciones de vida de gran parte de la población, a partir de la construcción de las medidas de Línea de Pobreza (lp) y de Necesidades Básicas (nbi), dejando por fuera la discusión en torno a las relaciones de poder y los conflictos en las que los grupos se insertan. Al desconocer que la distribución de recursos es un juego de suma cero, impidió abordar el dinamismo del proceso de construcción de las situaciones de asimetría que configuran desigualdades.

Responda las siguientes preguntas con base en el texto anterior. 

1. ¿Cómo se puede entender la sociedad latinoamericana a partir de sus dinámicas sociales?

2. ¿En qué situaciones se puede evidenciar la discriminación étnica y de género en América Latina?

3. ¿A qué hace referencia la heterogenización de las oportunidades productivas y la segmentación del acceso a la protección social?

4. ¿Cuál es el peligro de establecer un enfoque meramente histórico (genealógico) de la desigualdad en América latina?

5. ¿Cómo entiende la autora del texto la desigualdad? 

SEMANA 5 y 6: 11 AL 22 DE MAYO

SEMANA 5 y 6: 11 AL 22 DE MAYO

Género y Raza 

A. Género/ sexualidad

 No es posible hablar de educación inclusiva sin tener en cuenta el entramado de desigualdades y jerarquías que dividen a hombres y mujeres, atravesando todo el ordenamiento social y las instituciones que lo componen. Dicho entramado ha sido aprehendido a través de la categoría género que ha sido objeto de múltiples debates conceptuales y desarrollos teóricos. Como lo señalan Buquet, Montiel y Aguilar: 32 ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO PARA LOS LINEAMIENTOS POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA El género se sostiene sobre la distinción y jerarquización de los significados de lo masculino, como categoría superior, sobre lo femenino como categoría inferior. Las representaciones culturales de lo masculino y lo femenino varían históricamente pero son percibidas como realidades naturales que se derivan de las diferencias anatómicas que distinguen a los sexos. El concepto de género hace referencia igualmente a relaciones de poder y a asimetrías entre hombres y mujeres, siendo una de sus principales manifestaciones la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado, relegando a muchas al espacio familiar y privado mientras los varones dominan el mundo laboral, el espacio público y la política. El género está en la base de las distinciones y jerarquías entre profesiones y ocupaciones masculinas y femeninas; de la exclusión de las mujeres de los cargos de poder y prestigio, de su lugar subordinado en la producción científica y de múltiples formas de violencia mediante las cuales se impone la superioridad acordada a los hombres y a lo masculino. La visión binaria de los sexos se apoya en la heterosexualidad normativa, ordenamiento social que define la sexualidad legítima o “normal” a partir de la idea de complementariedad entre hombres y mujeres con base en las funciones reproductivas. Como consecuencia de ello, las sexualidades que se apartan de la norma heterosexual son repudiadas u ocultadas; las personas con deseos e identidades sexuales no normativas son marcadas como diferentes, perversas o anormales. En ese sentido, la sexualidad puede ser entendida como un sistema de opresión que se articula con el género pero tiene su propia lógica al establecer jerarquías entre la sexualidad normativa y las prácticas que se apartan de ella, estigmatizando a quienes las encarnan. Adicionalmente, el género como norma social, establece una correspondencia entre la clasificación anatómica, la identidad y el deseo sexual. Se espera que quienes son clasificados como varones, asuman una identidad masculina y orienten su deseo hacia mujeres; y ocurre lo contrario para quienes son clasificadas como mujeres. Este mandato está en la base de las violencias y discriminaciones en contra de las personas que se apartan de él, no solo porque sus deseos y prácticas no son heterosexuales (lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales) sino también porque sus identidades de género no coinciden con el sexo (hombre o mujer) que se les ha asignado: hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, hombres y mujeres que no se reconocen en ninguna de las dos categorías, personas que afirman una identidad “trans”. “La mayor parte de las definiciones plantean, de una u otra forma, que el género refiere a un conjunto de prácticas, disposiciones, papeles, roles, responsabilidades, atributos, espacios, comportamientos, actitudes, etc. que la sociedad asigna a hombres y a mujeres de manera diferenciada, estableciendo un modelo que legitima a nivel social, el deber ser de las mujeres y el deber ser de los hombres en todas las esferas de la vida humana” (Buquet, Montiel y Aguilar, 2014:30) ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO PARA LOS LINEAMIENTOS POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 33 En estos lineamientos, se entenderá el género como una construcción cultural, social, histórica, política y económica que establece relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. Como categoría multidimensional, da cuenta de los distintos procesos sociales, simbólicos y subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto representaciones sociales, normas e identidades. Asimismo, el género da cuenta de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres. Está asociado con la categoría de heterosexualidad normativa y se articula con otros procesos sociales de opresión como la clase, la raza, la etnicidad, la edad, la discapacidad ola sexualidad. La educación inclusiva debe poder reconocer y respetar las diferencias de género y sexualidad, desmontar las jerarquías y desigualdades que las atraviesan, construir nuevas formas de pensar la sociedad que superen los binarismos y estigmatizaciones. 

(Rescatado de: http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/escuelas/application/files/5715/3514/7123/Lineamientos_Educacion_Superior_Genero_e_identidades.pdf el día 9 de Mayo de 2020)